
El diario de acciones criminales de los
hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino entre enero de 1999 y mayo del 2017,
publicado ayer en El Comercio, evidencia, desde las primeras páginas, un claro
interés de estos cabecillas criminales por deslindar de Sendero Luminoso y
rebautizarse con distintas denominaciones, como el Militarizado Partido
Comunista del Perú (MPCP).
Por ejemplo, el 2 de octubre de 1999, al
mencionar lo acontecido en la última “mesa de diálogo” con el general EP en
retiro Eduardo Fournier, se lee: “Mientras Fujimori y Montesinos soñaban con
ser reelegidos […] el Militarizado Partido Comunista del Perú los ha hecho
tragar el polvo de la derrota”.
El término MPCP se repite en 81
ocasiones más, siendo la última mención durante el relato de una emboscada en
abril del 2016 en Ayacucho: “El Militarizado Partido Comunista del Perú emboscó
en Llochegua a tres aerodeslizadores de la Marina de Guerra del Perú para
realizar patrullaje fluvial bajo el cuento de combatir al narcotráfico y
narcoterrorismo”.
La autodefinición y las acciones de esta
facción subversiva, sin embargo, responderían a una estrategia que busca
distintas ventajas que van desde el reconocimiento internacional hasta alianzas
con las comunidades cocaleras, según advirtieron a este Diario analistas y
fuentes militares y policiales.
—Estrategia legal—
El ex presidente de la Sala Nacional
Antiterrorista Marcos Ibazeta advirtió: “Al usar otros nombres y sacarse la
marca de Sendero Luminoso tratan de evadir la calificación de organización
terrorista de las Naciones Unidas”. Explicó que, de este modo, los hermanos
Quispe Palomino “van a buscar acogerse, por ejemplo, al Convenio de Ginebra.
Así tendríamos que hablar de conflicto armado interno que se financia del
narcotráfico, tipo Colombia”.
Recordó que “la sola pertenencia [a
Sendero Luminoso] y la participación en actos de aniquilamiento nos da la pena
más grave de 30 a 35 años o cadena perpetua”. En tanto, “al no adjudicarse ser
parte de SL, estamos hablando de asesinatos sobre los que se tendría que buscar
pruebas concretas con penas de 20 a 25 años”.
—Acercamiento
social—
Para el analista Luis Alberto Sánchez
–quien obtuvo el íntegro de los diarios de los Quispe Palomino antes de que
fueran retirados de Internet– la separación de estos con Sendero Luminoso es
real: “En el Vraem nadie los quería mirar, eran un grupo mucho menor, pero
cuando crean el MPCP salen de esa imagen”.
Según Sánchez, mientras que Sendero confrontaba
a la población e instauraba sus llamadas ‘escuelas’, los Quispe Palomino
implementan las denominadas “bases de apoyo con dinero del narcotráfico
siguiendo un modelo aprendido durante sus contactos con las FARC de Colombia”.
Advirtió que “las bases de apoyo son
campesinos que trabajan para ellos [los Quispe Palomino], también están
armados, pero no son parte del grupo. Están dedicados a ser vigías, ser una red
de información asalariada”.
—Mercenarios
del Vraem—
Sánchez, también director de la ONG de
derechos humanos Waynakuna, describió los registros como “los únicos de su tipo
en América Latina”, pues en ellos los subversivos detallan de forma
pormenorizada la ejecución de 276 atentados en 18 años y el asesinato de 446
personas, entre militares, policías y civiles.
En una de las últimas embestidas, se
narra cómo “11 militares quedaron aniquilados (4 muertos y 7 heridos)”, en un
asalto a “la Base Contra Terrorista de Ayna-San Francisco-Ayacucho, el 5 de
febrero del 2016. Cuando estaban por recibir alimentos, se atacó con
ametralladoras y fusiles”.
Dos meses después, se relata un
enfrentamiento con oficiales de la Marina que fue reportado por la prensa. “A
media hora río debajo de Puerto Amargura, Ayacucho. Al primer
aerodeslizador se le atacó y destrozó completamente por lo que se hundió porque
fue tragado rápidamente por el remolino con todos sus ocupantes y materiales de
guerra”. Aquí se define como “particularidad” que “el terreno era favorable
para emboscarlos pero no para confiscar las armas”.
Estos documentos reiteran también su
clara postura respecto a la lucha contra el narcotráfico. En julio del 2016 se
menciona la protección de cultivos ilegales en Llochegua: “Eran tres
helicópteros que estaban por asaltar a los campesinos cocaleros. A uno que
estaba aterrizando se le atacó con una ametralladora y fusiles, y al alzar
vuelo de manera repentina le hicimos abandonar a 6 PNP más”.
Fuentes del Ejército y Dircote
confirmaron a este Diario que el grupo de los Quispe Palomino viene usando la
denominación MPCP en el Vraem para cobrar cupos de seguridad a los traficantes
de droga, de madera ilegal y de combustible.
Un oficial del Ejército también explicó
que, por su semejanza ideológica, al ser capturados, se les imputa como si se
tratasen de Sendero Luminoso, en la medida en que los términos MPCP o ‘narcoterrorista’
no existen en el marco legal peruano.
Para el ex ministro del Interior Remigio
Hernani, Víctor y Jorge Quispe Palomino siguen siendo de SL con la diferencia
de que “viven abiertamente del narcotráfico y han evolucionado con los llamados
‘pioneritos’ que a sus 16, 17 o 18 años son los que han comandado los últimos
ataques”.
En los archivos hay párrafos que
describen el aparente adoctrinamiento a los cuadros subversivos desde sus
primeros años: “Los que tienen fusiles tienen un compromiso, caer muertos y no
prisioneros”.
La captura de sus adeptos es incluso
considerada un acto de negligencia y deslealtad. La caída de dos de sus
dirigentes en julio del 2015 fue descrita así: “Roberto y Ricardo, cada uno
portaban fusil Galil y ¿qué hicieron?
Nada, ni siquiera enfrentaron y causaron bajas al enemigo [militar]; entonces,
lo que sucedió es traición”.
Recompensa
Desde el 2016, el Departamento de Estado
de Estados Unidos ofrece US$5 millones por Víctor y Jorge Quispe Palomino,
‘José’ y ‘Raúl’, acusados de los delitos de terrorismo, extorsión, asesinato y
tráfico de drogas.
Denominaciones
Los hermanos Quispe intentan
cambiar el nombre de su facción con denominaciones como Ejército Popular
Revolucionario; Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) y Fuerzas
Armadas Revolucionarias Peruanas (FARP).
Fuente: El Comercio
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