Alrededor
de 780 docentes, de los cuales 583 tenían sentencias por violación sexual, han
sido destituidos de colegios públicos luego de que en mayo pasado el Ministerio
de Educación (Minedu) anunciara un nuevo procedimiento de despidos masivos para
quienes cometan estos delitos. Así lo aseguró el sector luego de que se
conociera que profesores acusados de violencia sexual contra escolares siguen
dictando clases en colegios de Maynas, Loreto.
Según
la Contraloría General de la República, este último caso responde a que 12
funcionarios y servidores de la UGEL Maynas y de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes no atendieron
oportunamente 56 denuncias contra maestros por delitos sexuales entre el 2014 y
2017.
Recién
conocido el hecho, una comisión liderada por el ministro de Educación, Daniel
Alfaro, llegó a Iquitos para tomar acciones sobre las denuncias. "En
coordinación con el Ministerio Público y la Contraloría se procederá a la
separación preventiva de los implicados en los casos reportados en Maynas",
agregó el Minedu en un comunicado.
Es
preciso recordar que las destituciones masivas se realizan luego de que en mayo
pasado el sector aprobara una norma técnica que acelera la separación del
personal del sector Educación con condenas, procesos en trámite, denuncia penal
por los delitos de terrorismo, apología, violación sexual o tráfico de drogas.
CASO
CONDORCANQUI
Lo
que sucede en colegios de Iquitos también se ha reportado en la provincia de
Condorcanqui, en Amazonas. Allí, en los dos últimos años, se han abierto más de
80 procesos contra profesores y administrativos acusados de violar a escolares.
Según la Defensoría del Pueblo, más de la mitad de casos han prescrito, por lo
que los maestros pueden ser contratados en otras escuelas.
Según
fuentes de la UGEL de Condorcanqui, en junio pasado se despidió a cinco
docentes por violencia sexual en el marco de la norma que acelera las
destituciones masivas. "Si bien el Minedu pide celeridad en los casos,
también debe garantizar la capacitación y los pagos puntuales a los técnicos de
la comisión de procesos administrativos", concluyeron.
Fuente: La República
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