lunes, 19 de febrero de 2018

Jorge Barata y Nadine Heredia son investigados con Ley de Crimen Organizado


El Gasoducto del Sur es un proyecto, un sueño que buscaba masificar el uso del gas de Camisea. La obra, otorgada en concesión por 34 años, se inició en la gestión de Alan García, se modificó en la de Ollanta Humala y se canceló en el actual gobierno, dejando una serie de dudas y suspicacias sobre sus beneficios y su costo real.

A pedido de la Procuraduría Anticorrupción, en febrero de 2017, la Fiscalía inició una investigación para establecer si hubo colusión entre los privados, que vía concurso público se adjudicaron la concesión, y funcionarios públicos.

Las presuntas actividades irregulares que dieron origen a la investigación son tres. En primer lugar, la participación de los abogados de los estudios Echecopar y Delmar Ugarte, que habrían sido contratados para elaborar informes legales que posibilitaran la descalificación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur.

También la aprobación de las bases del concurso sin que presuntamente estos incluyan un sistema de evaluación para determinar la propuesta técnica más conveniente, ocasionando con ello, que no exista certeza de que la propuesta ganadora sea la más conveniente para el interés del proyecto y del Estado.

Asimismo, la modificación de cláusulas del contrato final que permitieron el cambio del operador calificado, eliminando la exigencia de que el reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y la autorización del concedente, beneficiando al concesionario, entre otros temas técnicos.

En busca de pruebas que permitan avanzar en la contrastación de las sospechas, la Fiscalía ha programado para los siguientes días las declaraciones de los ex presidente Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso. También de los ex ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga y Jorge Merino Tafur, y del excongresista Teófilo Gamarra Saldívar.

De igual modo, serán interrogados los ex funcionarios de Proinversión que participaron en la licitación del Gasoducto, María Patiño Marca y Luis Sánchez Torino, así como el representante legal de Kuntur Transportadora de Gas, Fernando Vega Sánchez, entre otros. de distintas obras públicas.

Fuente: La República

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