El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que
dispone acciones para garantizar el cobro de la reparación civil de los
sentenciados por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico de drogas y
corrupción, y busca impedir que trabajen en el Estado tras cumplir sus
condenas.
El documento precisa que entre 2011 y 2015 se recaudaron
S/23’396,714 por reparación civil en casos de corrupción, pero se estima que lo
no cobrado bordea los mil millones de soles. Mientras que por terrorismo,
pagaron S/1’486,490, pero lo adeudado sobrepasa los S/6 mil millones.
Advierte que S/21’596,500 (de 32 condenados) por reparación
en casos de terrorismo ya prescribieron y entre 2017 y 2018 se perderían S/13
millones (de 148 sentenciados).
En su propuesta, el Ejecutivo dispone que la
acción civil no se extinga, a fin de lograr el cobro efectivo de la reparación.
Plantea la obligación de los deudores a informar, cada
trimestre, al Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia
su domicilio y su actividad económica.
Consultado por Perú21, el presidente de la Comisión de
Defensa, Javier Velásquez Quesquén, saludó el proyecto del Ejecutivo y sostuvo
que abonará al debate, aunque señaló que ya está en agenda una propuesta
“integral” de su autoría sobre la posición del Estado frente a los condenados
por terrorismo.
Fuente: Perú 21
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