"El conflicto armado
interno se desenvolvió sobre la base de una situación económica crítica en el
país, marcada por una fuerte recesión, y se desarrolló particularmente en las
zonas de mayor pobreza. A consecuencia de ello se produjo un mayor
empobrecimiento de esas zonas y de la población directamente afectada",
indicó la CVR.
Producto Bruto Interno
(PBI):
Allá por 1988, la Comisión Especial designada por el entonces Senado de
la República concluyó que los costos económicos ocasionados por los grupos
subversivos a nivel nacional ascendían a más de US$9.184 millones.
La comisión explica que,
en la mayoría de los casos, el impacto
de la violencia en algunos de los miembros de la familia tuvieron como
consecuencia la disminución del ingreso indispensable para el sostenimiento de
la vida familiar, así como la disminución de la calidad de vida del grupo.
Obligados a huir:
En 1997, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que más de la mitad de encuestados
(57,6%), de 437 distritos de los departamentos de Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica, Junín, Huánuco y Ancash, habían cambiado de residencia por la
violencia.
Desempleo y subempleo:
La falta de trabajo
empujó a los desplazados a ubicarse en actividades del sector informal o de
poca rentabilidad, que no les permitió acceder a ingresos necesarios para su
subsistencia. A su vez, la informalidad laboral generó en estas familias
condiciones de inseguridad e incertidumbre, que no tenían en la etapa previa al
conflicto.
Fuente:
El Comercio.
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