Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
ordenó este lunes congelar todos los activos del gobierno de Venezuela en su
país, en la última arremetida de Washington contra el régimen de Nicolás
Maduro.
La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer
negocios con el gobierno de Venezuela, entró en vigor el lunes. Es la primera
de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una
congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá
y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de
1980.
La orden ejecutiva firmada por Trump fundamenta la decisión
en la continua “usurpación” del poder por parte de Maduro y en los abusos a los
derechos humanos por sus allegados.
Aunque la orden no es un embargo comercial formal --elude al
aún considerable sector privado venezolano--, representa la medida más dura de
Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el gobierno de Trump
reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela
en enero.
“El objetivo aparente es darle a Estados Unidos la capacidad
de aplicar la ley más allá de sus fronteras a aliados de Maduro como China,
Rusia, Cuba, Irán y Turquía”, dijo Russ Dallen, jefe de la correduría Caracas
Capital Markets, con sede en Miami. “Si dichas entidades extranjeras siguen
haciendo negocios con Maduro, Estados Unidos podría congelar sus activos”.
El asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton
insinuó horas antes el lunes que Estados Unidos planeaba actuar al respecto
pronto. En declaraciones a los periodistas la víspera de una conferencia
internacional en Perú para demostrarle apoyo a Guaidó, dijo que Washington
estaba preparando medidas “que mostrarán la determinación de Estados Unidos
para obtener una transferencia pacífica del poder” en Caracas.
Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones el martes.
Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de asuntos internacionales de la
cámara alta del Parlamento ruso, dijo que las sanciones equivalen a “vandalismo
internacional”, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de
noticias RIA Novosti. Kosachev agregó que eso “representa “una abierta
intromisión a los asuntos internos de Venezuela”.
Es probable que las medidas agraven las penurias en la ya de
por sí moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de seis
dígitos y una profunda contracción que supera la de la Gran Depresión en
Estados Unidos.
Sanciones anteriores contra la industria petrolera de
Venezuela, la que genera casi todas las divisas por exportaciones del país, han
acelerado una caída drástica en la producción de crudo, la cual comenzó con la
elección de Maduro en el 2013 tras la muerte de su mentor Hugo Chávez.
Más de 100 funcionarios y personas cercanas al gobierno han
visto congelados sus activos en Estados Unidos y vetos a hacer negocios con
estadounidenses. Como parte de la nueva orden ejecutiva, los estadounidenses
tendrán prohibido participar en transacciones con cualquiera que se determine
está apoyando a Maduro o a su gobierno. Los que respalden al mandatario
venezolano tampoco podrán ingresar a Estados Unidos.
Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos,
medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual
aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas. No estaba
claro cómo afectaría el decreto a la petrolera estadounidense Chevron, que el
mes pasado recibió una moratoria de tres meses del Tesoro estadounidenses para
continuar sus prospecciones petrolíferas con la petrolera estatal PDVSA.
El gobierno de Maduro no respondió en un principio a las
medidas. Pero Guaidó celebró la noticia, señalando que protegería a la
petrolera con sede en Houston CITGO --el activo venezolano de mayor valor en el
extranjero-- de los intentos de Maduro de hipotecar sus activos.
“Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda
hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia
internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de
sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”, afirmó en una serie de tuits
a última hora de la noche.
Geoff Ramsey, investigador de la Oficina de Washington sobre
América Latina, dijo que las medidas agravarán la crisis humanitaria a pesar de
las excepciones para proteger a los más vulnerables, ya que los bancos
occidentales evitan procesar incluso las transacciones legítimas.
“La verdad es que ningún institución financiera quiere
chocar con el Departamento del Tesoro”, comentó.
El experto señaló que en lugar de insistir en la misma
estrategia de embargos que no ha logrado producir un cambio de régimen pese a
emplearse durante décadas en la Cuba comunista, Estados Unidos debería hacer
más para respaldar las negociaciones auspiciadas por Noruega entre Maduro y
representantes de Guaidó.
A la conferencia en Perú asisten representantes de más de 50
naciones que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela y consideran que
la reelección de Maduro el año pasado fue fraudulenta.
Momentos después de que se anunció la orden ejecutiva,
Bolton tuiteó que prevé tener un día “productivo” en Lima.
FUENTE: El Comercio
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