La Comisión de Educación pedirá al Pleno facultades para citar a funcionarios de la entidad reguladora, mientras que algunos de sus miembros tienen nexos con casas de estudios que buscan licenciarse.
Desde 2015, la Superintendencia Nacional de Educación Superior ( Sunedu ) viene evaluando a las universidades nacionales y privadas del país para garantizar que cumplan con las condiciones básicas de calidad. Aquellas que lo hacen reciben una licencia para seguir funcionando, pero las que no tienen que ser cerradas.
Eso significa que algunos empresarios que han lucrado con la educación por años podrían perder a sus ‘gallinas de los huevos de oro’, como ya viene sucediendo.
La Comisión de Educación del Congreso asegura que ha recibido cuestionamientos de universidades, docentes y alumnos sobre el proceso de licenciamiento que realiza la Sunedu. En base a ello, ha decidido, por segunda vez en un año, pedir facultades especiales al Pleno para investigar a la entidad por dos meses.
La decisión fue tomada el pasado lunes a través de una moción firmada por congresistas de Fuerza Popular, Acción Popular y Nuevo Perú.
Según el documento, la medida se justifica porque la Sunedu “es percibida como una entidad que toma decisiones con un componente político e ideológico, no cumpliendo con realizar una evaluación imparcial y uniforme”. Tal afirmación solo se basa en “testimoniales recabados”.
Lo que no se ha dicho es que algunos miembros de Educación y congresistas en general mantuvieron o mantienen vínculos con universidades que aún siguen en el proceso para obtener la licencia de Sunedu (ver infografía).
La presidenta de Educación, Milagros Salazar (FP), reconoce que desde 2000 hasta la actualidad mantiene una relación directa con la Universidad Garcilaso de la Vega, pero niega que la pesquisa de su grupo intente favorecer a las universidades chicha.
“Yo no tengo ningún rabo de paja, yo no soy profesora de ahora, soy profesora desde hace más de 20 años. No tengo ningún interés de favorecer a una ni a otra (...) con la que yo tengo un vínculo actualmente es con la Universidad Garcilaso de la Vega, la Facultad de Enfermería, yo enseño el curso de Seminario de Investigación”, señaló a Perú21.
Además, negó un conflicto de intereses porque el Reglamento del Congreso le permite ser docente.
Aseguró que la investigación busca la transparencia de la Sunedu. “La investigación determinará si hay un componente político o deficiencias en relación al recurso humano”, añadió. En mayo de 2018, Educación también pidió facultades para investigar a la Sunedu por 60 días, pero al cabo del plazo no concluyeron su informe final. Salazar dice que busca terminar esa labor.
Fuera de la Comisión de Educación también hay congresistas con vínculos.
El caso más llamativo es el de Richard Acuña (APP). Actualmente es accionista minoritario de la Universidad Señor de Sipán y el pasado 15 de abril se reunió con el equipo técnico de la Sunedu para tratar el proceso de licenciamiento de esta casa de estudios.
En diálogo con este diario, Acuña se mostró en contra de iniciar una investigación a la Sunedu. “Está haciendo un trabajo importante y el Congreso no tiene por qué investigar, le correspondería a la Contraloría”, afirmó. Además, dijo que su labor legislativa lo mantiene alejado de los intereses de las universidades de su familia.
RESPUESTA Y OBSTÁCULOS
Nos comunicamos con la Sunedu para conocer su posición ante la crítica por actuar con “componente político e ideológico” por parte de la Comisión de Educación y respondieron por escrito lo siguiente: “La principal evidencia de que no existe sesgo político o ideológico de ningún tipo en las decisiones de la Sunedu es el avance mismo del proceso de licenciamiento. Entre las universidades licenciadas hay una amplia diversidad: públicas y privadas, con fines de lucro y asociativas; también religiosas, tanto católicas como evangélicas; universidades de investigación, universidades sumamente especializadas y universidades pequeñas”.
Nos comunicamos con la Sunedu para conocer su posición ante la crítica por actuar con “componente político e ideológico” por parte de la Comisión de Educación y respondieron por escrito lo siguiente: “La principal evidencia de que no existe sesgo político o ideológico de ningún tipo en las decisiones de la Sunedu es el avance mismo del proceso de licenciamiento. Entre las universidades licenciadas hay una amplia diversidad: públicas y privadas, con fines de lucro y asociativas; también religiosas, tanto católicas como evangélicas; universidades de investigación, universidades sumamente especializadas y universidades pequeñas”.
También aseguran que la decisión de licenciar o denegar la licencia la toma el Consejo Directivo, en el que cinco miembros son elegidos por concurso público y otro es la presidenta del Concytec.
“Se trata de personas de trayectoria intachable, que provienen del mundo académico, con amplia experiencia en el mundo universitario y apartados de cualquier interferencia política”, señalan.
La exministra de Educación Marilú Martens, quien conoció de cerca las acciones de la Sunedu durante su gestión, afirma que la proliferación de universidades en los últimos años se debe a que no se priorizó la calidad como criterio, problema que la entidad reguladora busca solucionar.
Además, sostiene que el éxito de la reforma universitaria depende de que los demás actores del Estado se sumen a la propuesta de una educación superior de calidad.
“La Comisión de Educación ha puesto obstáculos a lo largo del tiempo de funcionamiento de la Sunedu. No entiendo sus criterios. Una reforma como la que hemos venido implementando requiere del apoyo de todos, no podemos ver intereses personales. Si las universidades no cumplen, habrá que cerrarlas. Si el Congreso tiene intereses particulares, esperemos que no, y si los tiene, hay que evidenciarlos”, remarca.
HUGO ÑOPO, especialista en Educación: “TIENEN VÍNCULOS CON POLÍTICOS”
Las universidades nuevas, grandes y de dudosa calidad tienen vínculos con políticos. Eso te permite entender por qué fue tan difícil pasar la Ley Universitaria en el Congreso. Y por qué hoy hay tanto interés en fiscalizar a la Sunedu. Detrás hay unos vasos comunicantes entre el negocio educativo y la política que vale la pena explorar. Resulta que el negocio educativo es muy grande y mueve muchísimo dinero. Después de la minería está el negocio educativo en términos de volumen y es altamente rentable.
Las universidades nuevas, grandes y de dudosa calidad tienen vínculos con políticos. Eso te permite entender por qué fue tan difícil pasar la Ley Universitaria en el Congreso. Y por qué hoy hay tanto interés en fiscalizar a la Sunedu. Detrás hay unos vasos comunicantes entre el negocio educativo y la política que vale la pena explorar. Resulta que el negocio educativo es muy grande y mueve muchísimo dinero. Después de la minería está el negocio educativo en términos de volumen y es altamente rentable.
Quienes se quejan de la Sunedu son precisamente las universidades que brindan una educación de mala calidad y con malas perspectivas para sus estudiantes. Las universidades que están bien no lo manifiestan. La existencia de un ente regulador como la Sunedu es una excelente intervención de políticas públicas. Eso le hace bien a todos, salvo a las universidades de dudosa calidad. Si tú sabes que hoy una universidad tiene una calidad muy deficiente, lo más probable es que eso se mantenga. Por eso, lo mejor es cerrarlas. Es un costo duro, pero hay que pagarlo.
TENGA EN CUENTA- Hasta el momento, la Sunedu ha denegado la licencia a ocho universidades, entre ellas Telesup, cuyo fundador es el excongresista José Luna Gálvez.
- El congresista Miguel Elías Ávalos aseguró a este diario que cuando llegue el pedido de Educación al Pleno, él votará en abstención. “Yo no participo ni opino sobre educación”,aseguró.
Fuente: Perú 21
- El congresista Miguel Elías Ávalos aseguró a este diario que cuando llegue el pedido de Educación al Pleno, él votará en abstención. “Yo no participo ni opino sobre educación”,aseguró.
Fuente: Perú 21
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