El Juzgado Penal Unipersonal de
Kimbiri-Vraem, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, sentenció ayer al
congresista Joaquín Dipas Huamán (Fuerza Popular) a cinco años de cárcel por el
delito de colusión cuando era alcalde del distrito de Pichari, en el 2008.
El juez Jorge Luis Sánchez
Ramírez impuso la condena en primera instancia al legislador, al hallarlo
responsable de haberse aprovechado de su cargo de burgomaestre para aprobar
ilegalmente la exoneración del proceso de adquisición de tres hectáreas de
terreno para la construcción de un laboratorio de biotecnología en Pichari.
El magistrado ordenó la ubicación
y captura del parlamentario.
El mencionado juez también dictó
cinco años de prisión a tres ex regidores de la gestión municipal de Dipas.
Igualmente, otros cinco ex
funcionarios de la Municipalidad de Pichari y la propietaria del terreno de
tres hectáreas fueron condenados a cuatro años de cárcel.
La sentencia señala que se
sobrevaloró la compra de un terreno en más de 140 mil soles en perjuicio de la
municipalidad de Pichari. El terreno fue destinado a la construcción de la
escuela profesional de la carrera de Ingeniería Agroforestal de la Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), con sede en Pichari.
El 20 de octubre del 2010,
Joaquín Dipas renunció a la alcaldía de Pichari para postular al Congreso por
Fuerza 2011, pero antes de irse firmó el contrato para asegurar el pago de S/840
mil a los dueños del predio.
El Comercio trató de comunicarse
con el legislador fujimorista pero no contestó las llamadas ni respondió los
mensajes.
Carlos Tubino, vocero de Fuerza
Popular, comentó que recién se enteraba de que su colega tenía ese proceso
penal. Aseguró que no habrá ningún blindaje, pero dijo que se debe esperar a
ver qué medidas tomará Dipas. “Esta es una sentencia en primera instancia; si
hay una apelación, se tiene que esperar que haya la confirmación de una sala
superior para levantarle la inmunidad”, advirtió.
Al respecto, el abogado penalista
Carlos Caro sostuvo que como se trata de un proceso seguido con el nuevo Código
Penal, la condena en primera instancia puede ser ejecutada de inmediato si así
lo decide el juez. Agregó que este también tiene la opción de suspender la pena
hasta que sea confirmada en una segunda instancia, pero eso lo tiene que
señalar de manera expresa en la sentencia.
El juez supremo Francisco Távara
señaló que para activarse el procedimiento de pedido de levantamiento de la
inmunidad parlamentaria ante el Congreso para hacer efectiva la pena, el juez
debe formular esa solicitud ante la Corte Suprema.
Joaquín Dipas es actualmente
miembro titular de las comisiones congresales de Defensa, Vivienda y
Agraria. También es presidente de la
comisión especial del Vraem. Justamente este jueves participó en una sesión de
dicho grupo de trabajo.
Fuente: El Comercio
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