La investigación fiscal
contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hoy deberá declarar ante la
fiscalía, por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht estuvo
paralizada desde febrero de este año debido a las controversias –entre las
fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios y de lavado de activos –
sobre quién debía tomar el caso.
El pasado 23 de
noviembre, la fiscal suprema Bersabeth Revilla acabó con el conflicto que
mantuvo el expediente congelado durante nueve meses. La magistrada resolvió que
la responsabilidad recaía sobre el equipo especial contra delitos de
corrupción, liderado por Hamilton Castro Trigoso.
La resolución de Revilla,
a la que accedió este Diario, grafica las idas y venidas del expediente
Kuczynski. El caso se inició el 28 de febrero pasado cuando la entonces
procuradora Katherine Ampuero solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez,
abrir investigación preliminar a Kuczynski por las transferencias bancarias
entre el actual mandatario y las empresas First Capital y Latin American
Enterprise registradas en el Banco de Crédito (BCP). Casi de inmediato, Sánchez
trasladó el pedido al coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael
Vela, y este a su vez lo derivó al fiscal Carlos Puma Quispe.
El 27 de marzo, Puma
Quispe, de lavado de activos, sustentó que no podía abrir investigación porque
ya existía una indagación en marcha iniciada por el equipo especial de
investigación para el Caso Lava Jato que encabeza Castro.
Alegó, además, que no se
halló reporte alguno de operación sospechosa de lavado de activos por parte de
la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) que pudiera dar sustento a una
investigación. Castro tomó la declaración del primer mandatario cuatro días
después. Luego devolvió el expediente al fiscal Carlos Puma.
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