"Se
pudo evitar, pero actuamos muy lentamente", sentenció el defensor del
Pueblo, Eduardo Vega, sobre la muerte de cuatro indígenas asháninkas,
quienes fueron asesinados el pasado 1 de setiembre por madereros ilegales en la
comunidad nativa del Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, zona cercana a
la frontera con Brasil.
Reconoció
que la muerte de las cuatro personas, entre ellos la del jefe de la comunidad y
fundador de Aconamac, Edwin Chota, pudo evitarse.
Vega
explicó que "después de la reunión de julio hubo una serie de acuerdos,
como ver el tema de la protección policial (...) La Policía debió actuar y
pedir los recursos, por lo que ahora se ha solicitado que se instale en esta
zona una estación policial".
Fuente: Correo
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