Cien autoridades regionales y municipales fueron sancionadas

Victoria Espinoza García, elegida alcaldesa provincial del Santa (Áncash) en el 2014, recibió el último miércoles una nueva condena por el delito de colusión, debido a la compra irregular de semáforos inteligentes en su gestión.

En el 2015, Espinoza había sido suspendida del cargo debido a una condena por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, dos años después, logró la absolución en la Corte Suprema a través de un recurso de casación.

La alcaldesa de la Santa, quien ahora postula a gobernadora de Áncash, es una de las cien autoridades sancionadas entre el 2015 y el 2018 durante el ejercicio de sus funciones.

Una revisión de los expedientes en los registros digitales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestra que, en estos últimos tres años, 31 autoridades subnacionales fueron vacadas y 12 fueron revocadas.

Además, 57 fueron suspendidas de sus funciones y 42 de ellas –todos alcaldes– mantienen la suspensión a la fecha.

De todas estas autoridades sancionadas, 15 fueron condenadas en última instancia. Otras seis tienen sentencias condenatorias que han impugnado en busca de una absolución.

Áncash es la región en la que más autoridades fueron sancionadas en este último período regional y municipal.

El caso más recordado fue el de Waldo Ríos, vacado en el 2107, debido a una sentencia por colusión desleal en agravio de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esto debido a las irregularidades detectadas en la ejecución de obras de electrificación entre 1999 y el 2000.

En la región, además, se han dictado órdenes de detención contra seis alcaldes, de los cuales cuatro siguen suspendidos por ese motivo. Además de Ríos, otras dos autoridades ancashinas han sido condenadas, dos fueron revocadas y una, asesinada por resistirse a un asalto.

Para el analista José Carlos Requena, la situación de Áncash responde a la gran cantidad de economías ilícitas que hay en esa jurisdicción, si se tiene en cuenta que es uno de los puertos más importantes del país.

“Tenemos el caso de César Álvarez que, si bien estalla en el 2014, desde el 2009 ya se tenía información de sus actividades ilícitas. Y si ves al gobernador con ese comportamiento, las demás autoridades caen por su propio peso”, sostuvo Requena, socio de la consultora política 50+1.

Las dos regiones que siguen a Áncash –además de Lima– en cantidad de autoridades sancionadas son Cusco y Apurímac. Para Requena, esto tiene que ver con que ambas regiones tienen corredores por donde sale droga. Allí, según su análisis, podría existir la relación entre actividades ilícitas y acceso al poder. Desde el 2002 en Cusco, recordó Requena, todos los gobernadores han acabado con acusaciones serias.

Fuente: El Comercio