La controversia
desatada por la filtración de una presunta sentencia, que dejaría sin efecto la
denominada ley antitránsfugas, obligó al Pleno del Tribunal Constitucional (TC)
a salir ante la prensa para reclamar respeto a sus competencias y resoluciones,
y rechazar “toda amenaza” al ejercicio de sus funciones consagradas por la
Constitución.
Primero fue a través de
un comunicado, mediante su cuenta de Twitter, que el TC aclaró que el documento
difundido dos días antes por el parlamentario oficialista Gilbert Violeta
–según el cual ese organismo declararía la inconstitucionalidad de la ley
antitránsfugas– no constituye una sentencia toda vez que no fue publicado “oficialmente”.
Asimismo, dio cuenta de
una investigación sobre la filtración de aspectos reservados del proceso y
anticipó “drástica sanción” a quienes resulten responsables.
Fuente:
Perú 21
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