México
quiere dejar de hablar de migrantes y comenzar a hablar de armas con Estados
Unidos. Con un sentimiento de satisfacción por haber hecho la tarea
después de haber reducido un 56% el
flujo migratorio a Estados Unidos, la delegación del Gobierno mexicano pisó
Washington este martes para reunirse con el vicepresidente Mike Pence. La
intención del grupo encabezado por Marcelo Ebrard, el canciller de Andrés
Manuel López Obrador, era cambiar de tema tras la crisis desatada en mayo por
el éxodo centroamericano. Los mexicanos han elegido poner sobre la mesa otro
asunto espinoso en la relación bilateral: las 567 armas que ingresan cada día
de forma ilegal a México —22 cada hora, según el
Gobierno mexicano— y aumentan la sangría en la ola de violencia.
“Queremos
congelar el tráfico de armas ilegales”, dijo Ebrard la tarde de este martes
tras su reunión con Pence. El encargado de Exteriores aseguró que un grupo
compuesto por funcionarios de ambos países comenzará a trabajar para informar
mes a mes cuántas armas fueron introducidas a México y de qué forma. “Que yo
sepa esto no se ha hecho nunca”, ha informado Ebrard a la prensa. El canciller
ya había presentado en julio la idea a su homólogo Mike Pence, el secretario de
Estado de Donald Trump, durante una visita a México. No lo había planteado en
la Casa Blanca.
Hace
algunos días, el Fiscal para la zona norte de Chihuahua informó de que el 90%
de las armas utilizadas en homicidios en Ciudad Juárez, que ha registrado en
septiembre ocho asesinatos diarios, fueron adquiridas en tiendas de deportes de
Texas y Nuevo México. En muchas ocasiones ni siquiera pasaron 90 días entre la
compra de los rifles y pistolas y el crimen cometido al otro lado de la
frontera.
Nada de
esto fue destacado por la Casa Blanca tras el encuentro. El Gobierno de Donald
Trump prefirió mantenerse en un tema más atractivo para su base: la amenaza que
quiere ver en la inmigración ilegal. “El vicepresidente reconoce los
significativos pasos que el Gobierno de México ha dado para disminuir el flujo
migratorio”, ha afirmado la Casa Blanca en un escueto comunicado. Y añade: “Los
líderes coinciden en que aunque ha habido avances, mucho trabajo queda por
hacer para reducir aún más el número de migrantes ilegales a Estados Unidos”.
El
documento emitido por la Casa Blanca sigue la misma línea que la dura exigencia
que hizo este lunes el jefe de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan,
a México. El funcionario pidió más al Gobierno de López Obrador. Ebrard
calificó el tono de Morgan como "inaceptable" y dijo que la tendencia
en la disminución de inmigrantes hacia Estados Unidos es "irreversible,
algo permanente".
La Casa
Blanca también afirma que Ebrard y Pence han acordado "implementar al
máximo" el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en
inglés). El programa, conocido localmente como Quédate en México, permite a los
solicitantes de asilo en Estados Unidos aguardar en territorio mexicano
mientras sus casos son revisados por un juez. El MPP fue lanzado en México el
24 de enero, cuando comenzó a utilizarse por razones humanitarias.
El
Gobierno mexicano lleva días dando cifras alegres de su operación para atajar a
los centroamericanos en su camino al norte. Ebrard dijo el viernes que el flujo
migratorio se ha reducido un 56% desde mayo, cuando Trump amenazó con imponer
aranceles a las importaciones mexicanas si no se controlaba la inmigración
irregular. En agosto, 64.000 personas fueron detenidas o no admitidas a Estados
Unidos en la frontera común. Es una baja del 22% si se compara con julio
(82.055) y más pronunciada desde el histórico arresto de 144.200 personas en
mayo, la cifra que desató la ira de la Administración republicana.
Para
lograr la disminución, el Gobierno mexicano movilizó a 25.000 elementos de la
Guardia Nacional. 14.900 elementos fueron enviados al norte, a la frontera
común entre ambas naciones. Al sur, también fueron desplegados 10.500
militares. Ebrard ha dicho que este gran despliegue solo ha generado siete
quejas por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Nacional. “Me
parece una constatación evidente y objetiva de que se ha actuado con respeto a
los derechos humanos”, dijo el encargado de Exteriores en defensa a las
críticas de quienes han acusado mano dura del Gobierno mexicano a las
exigencias de Trump.
FUENTE: EL PAÍS
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