Un juzgado había ordenado en setiembre pasado
que Julio César Ganoza no se acercara a Julia Rayme Valenzuela, su ex pareja. El
oficial de policía en retiro debía mantener una distancia de 300 metros de la
residencia y trabajo de Rayme. Ella había decidido dejarlo debido a los
constantes maltratos y a los tocamientos indebidos a su hija adolescente.
Pese a que este mandato judicial ordenaba
también la intervención inmediata de la policía para impedir nuevas agresiones,
el último miércoles Ganoza interceptó a la mujer en la calle, a pocos metros de
su vivienda en San Juan de Lurigancho, y la mató de
nueve balazos. Ella intentó huir pero no pudo hacer nada.
Este nuevo caso de feminicidio refleja las
dificultades que existen en el país para proteger a las mujeres agredidas. El
ministro del Interior, Carlos Morán, señaló ayer que para la Policía Nacional
es humanamente imposible dar resguardo con agentes a todas las víctimas de
violencia que tienen aprobadas medidas de protección por parte del Poder
Judicial (PJ). Aunque Morán indicó que en el país se han dictado más de 42 mil
de estas órdenes, de acuerdo con la Comisión de Justicia de Género del PJ,
desde enero del presente año a la fecha se han otorgado más de 167 mil mandatos
de protección.
Desde diciembre del 2015, cuando se promulgó la Ley
30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar, hasta la actualidad, se dictaron 396 mil
576 medidas de protección.
Fuente: El Comercio
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