Subcomisión evaluará denuncia contra Kenji, Ramírez y Bocángel

La denuncia constitucional presentada contra los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, quienes aparecen en videos que muestran las negociaciones para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, será evaluada y calificada este jueves por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Así lo anunció la presidenta de ese grupo de trabajo, Milagros Takayama, quien dijo que en la sesión resolverán si procede la denuncia presentada en la víspera por cuatro parlamentarios. Si se aprueba, será remitida a la Comisión Permanente que ordenará la investigación.

El Comercio consultó a abogados constitucionalistas sobre los fundamentos de la denuncia y si la consideraban procedente. Dos coincidieron en que sí, pero un tercero manifestó que no estaba justificada la infracción constitucional.

Domingo García Belaunde consideró que, si se analiza la infracción a la Constitución y las faltas al cargo, la denuncia está bien fundamentada. “La inconducta de los tres congresistas es clara”, señaló.

El abogado agregó que, si el pedido prospera, puede tener dos consecuencias: “Una política que consiste en la destitución, suspensión o inhabilitación en el cargo, que es lo más probable. Y una penal: si se estima que hay un contenido de esa naturaleza, entonces pasa a la Corte Suprema”.

El constitucionalista Aníbal Quiroga también sostuvo que la denuncia estaba bien sustentada en las 61 páginas que tiene el documento.

Indicó que el documento es bastante sólido, “lo cual es inusual en el Congreso”, y que se ha desarrollado bien cada conducta atribuida a los denunciados.

Explicó que la denuncia no está basada exclusivamente en una infracción constitucional, sino también en delitos de función.

“Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no ha definido cuál es la interpretación de una infracción a la Constitución y se pueden meter delitos comunes, como el de cambiar la votación de un congresista a cambio de beneficios”, manifestó.

Una opinión contraria tiene Samuel Abad, quien señaló que no está clara cuál es la infracción a la Constitución que se ha cometido en este caso.

 “Hay evidencias de delito y eso debe investigarse, pero en otra vía”. Sostuvo que lo ideal hubiese sido que se haga una acusación por delito de función y que el Congreso les levante el fuero para que sean investigados por el Ministerio Público.

Abad añadió que en este caso, por los mismos hechos, que son delitos, también se alega infracción constitucional. En su opinión, esto se ha hecho porque en un proceso penal la sanción y la inhabilitación tomarían mucho tiempo. Pero a través de una denuncia constitucional, el desafuero se podría lograr más rápido. “Están buscando impedir la postulación de uno de los denunciados en el 2021”, sostuvo.

Este Diario buscó la versión de los denunciados, pero sus voceros indicaron que no iban a pronunciarse. Tampoco fue posible obtener la versión de los autores de la denuncia para que explicaran por qué solo incluyeron a tres congresistas en ella.

FUENTE: EL COMERCIO