Según indica una reciente
encuesta de El Comercio-Ipsos, realizada entre el 7 y 9 de febrero, el 87% de
peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes
violen y asesinen a menores de edad.
Esta opinión es casi unánime en
el centro del país, donde el 97% de encuestados considera que la pena de muerte
debe ser aplicada.
En las regiones de esta zona del
Perú (Lima, Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco), se concentró casi el 50% de
los 2.341 casos de violencia sexual contra menores registrados en el 2017, de
acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP). Solo en Lima se reportó el 38% de los casos.
Para el antropólogo Raúl Castro,
las altas cifras aprobatorias de esta medida en el país reflejan una reacción
de la sociedad ante la impunidad que tiene un delito que, según explica,
“transgrede toda consideración humanitaria”, como es la violación y asesinato
de un menor.
Asimismo, un 68% de personas
considera que la aplicación de la pena de muerte reducirá los asesinatos de
niños y adolescentes. En cambio, el 29% cree que con esta medida los criminales
serían más cuidadosos para no ser atrapados.
Actualmente, hay al menos 15
proyectos de ley que buscan endurecer las penas por este delito, así como
establecer su imprescriptibilidad. Dos de las iniciativas, además, intentan
modificar el artículo 140 de la Constitución para implementar la pena de muerte
por violación de menores.
El abogado penalista Mario
Amoretti explica que el endurecimiento de sanciones por este delito o la pena
de muerte no tendrán un efecto disuasivo en los violadores de menores, ya que
son medidas reactivas. “Se requieren políticas públicas preventivas para evitar
el abuso sexual, no penas más severas”, dice.
FUENTE: ELCOMERCIO.
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