El Decreto de Urgencia 003 del
Gobierno peruano para castigar con dureza el caso Odebrecht en Perú, se ha
convertido en una "papa caliente" para el Ejecutivo de Pedro Pablo
Kuczynski, su promotor, ante las críticas por ser ineficaz, malo para la
economía y encubridor de la corrupción. La norma fue aprobada el 13 de febrero
de 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo
Odebrecht sobre las prácticas de su empresa en el país, y con ella el Ejecutivo
buscó mostrar una imagen inflexible sobre cómo lidiar con empresas corruptas.
De un plumazo, y con el fin
declarado de evitar la paralización de la obra pública, la ruptura de la cadena
de pagos y garantizar el pago de reparaciones civiles, el Gobierno ordenó
intervenir cuentas, prohibió contrataciones estatales y sujetó a un control
tajante la venta de bienes o las transferencias de capital de empresas que
hubieran confesado actos de corrupción.
En la práctica, a casi un año de
su entrada en vigor lo que obligará a su revisión, anulación o nueva
promulgación, solo Odebrecht se ha visto afectada por la norma, ha buscado
someterse a procesos de delación de actos de corrupción, y ha visto paralizada
sus actividades económicas, incluido el pago a sus proveedores.
Hugo Alache, de la Asociación de
Proveedores de Odebrecht, dijo que para ellos, unas 350 empresas que daban
empleo a más de 40.000 trabajadores, la situación es "peor que
nunca".
"El resultado del decreto ha
sido que se pararon las obras, al estar intervenida Odebrecht se rompió la
cadena de pago. Hasta ahora no se ha solucionado nada, por eso no tiene razón
de ser. Los únicos que han pagado la corrupción hemos sido los proveedores",
afirmó.
Fuente: La República
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