La lucha en solitario del
Ministerio de Salud contra la multinacional farmacéutica Brystol-Myers Squibb
por lograr declarar de interés público un fármaco antirretroviral que nos
cuesta 25 veces más que en Bolivia debido a una patente es una "chiquita"
para lo que podría esperarnos en el caso de que el Perú ratifique sin
salvaguardas el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus
siglas en inglés).
Este acuerdo se negocia a puerta
cerrada desde el 2010 por EE.UU. y 11 países, entre ellos el Perú, que
representan en total el 40% del comercio global, lo que convierte al TPP en el
acuerdo comercial más amplio y polémico llevado a cabo hasta la fecha.
Lo poco que se conoce del
contenido de este acuerdo procede de las sucesivas filtraciones de WikiLeaks de
capítulos como el de Propiedad Intelectual,
Transparencia e Inversiones, que tienen serias implicancias en el acceso
a medicamentos.
El pasado 25 de marzo, La
República y el diario La Jornada de México denunciaron en simultáneo cómo el
capítulo de Inversiones del TPP expone a los países a demandas multimillonarias
en tribunales supranacionales de arbitraje si un inversionista considera que la
política de un Estado ha afectado sus ganancias presentes o futuras.
No solo multinacionales como Doe
Run, quien ya demandó al Perú ante un tribunal de arbitraje por 800 millones de
dólares al amparo del TLC con EE.UU., podrán demandar al Perú. También lo harán
compañías farmacéuticas si consideran que han sido dañados sus derechos a la
Propiedad Intelectual.
El actual Acuerdo de Derechos de
Propiedad Intelectual (APDIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no
contempla que los laboratorios puedan presentar demandas ante la OMC. Tan solo
los Estados.
Sin embargo, el capítulo de
Inversiones del TPP, en su acápite 2, cambiaría las reglas de juego al permitir
las demandas "inversionista-Estado", pues faculta a las empresas que
operan en cualquiera de los 12 países a demandar por expropiación indirecta, un
concepto que englobaría "en circunstancias excepcionales" normas para
salvaguardar el interés público en áreas como la salud .
Como antecedente, la organización
Public Citizen (EE.UU.) pone como ejemplo la demanda de la multinacional
farmacéutica Eli Lilly (EE.UU.) contra Canadá por 100 millones de USD, amparada
en el TLC de América del Norte (TLCAN).
Lo sorprendente es que, según el
último texto filtrado del Acuerdo, solo Australia se opone a la jurisdicción de
este tribunal supranacional en el caso de tratamientos médicos considerados de
interés público.
FUENTE: LA REPUBLICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Lo Mejor de ser Humano es que Tenemos la Libertad de Comentar, Pensar, Opinar.....
y Entonces por que no Comentas!!!!!