Buscan acelerar investigación contra Rafael Rey y Hernán Garrido Lecca

La Procuraduría Anticorrupción evalúa pedir al Ministerio Público unificar las investigaciones contra los exministros apristas Rafael Rey y Hernán Garrido Lecca, por las presuntas irregularidades en el contrato con la empresa israelí Global CST para instruir a militares peruanos en 2009.

Christian Salas, procurador adjunto, detalló que la Fiscalía de la Nación realiza una investigación en contra de Rey, mientras que la investigación en contra de Hernán Garrido Lecca fue enviada a la fiscalía provincial que investiga este caso.

“Estamos evaluando la posibilidad de plantear el pedido para evitar que se dé una duplicidad en las investigaciones y que estas se realicen con mayor celeridad”, comentó tras precisar que esa posibilidad es bastante alta.

Garrido Lecca –señaló Salas- fue quien llevó al propietario de la empresa Global CST a una entrevista con el entonces ministro de Defensa y los jefes de las Fuerzas Armadas, razón por la cual se le imputó el delito de tráfico de influencias.

En el caso de Rafael Rey, se le atribuyó el presunto delito de colusión porque, según la información que maneja la Procuraduría, el exministro mostró interés por la contratación de la empresa Global CST, frente a otras empresas que también ofrecían ese mismo servicio. Salas precisó que será la Fiscalía de la Nación la que formule al Congreso de la República el pedido de antejuicio contra Rey, de encontrar responsabilidad en el exministro de Defensa aprista.

A ese mismo punto –refirió Salas- podría llegar también la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investiga las irregularidades en la contratación en el año 2009 de la empresa Global CST por 40 millones de soles.

De otro lado, el procurador adjunto indicó que la excarcelación de los sentenciados por la interceptación telefónica, conocido como el caso Business Track (BTR), se ajusta a las normas vigentes, producto de los beneficios penitenciarios.

Todos esos casos –aclaró- fueron sentenciados por delitos comunes y no de corrupción y están cumpliendo con el pago de la reparación civil prevista en la condena.

FUENTE PERU 21