El decreto de urgencia que pone candados a la venta de los activos de Odebrecht y de otras empresas que hayan reconocido el pago de coimas o sean sentenciadas por corrupción fue promulgado ayer y entró en vigencia.
Las
medidas, que buscan garantizar el pago de la reparación civil, se aplican a los
representantes condenados en el país o en el extranjero por delitos contra la
administración pública o lavado de activos.
“Los consorcios que han sido limpios pueden seguir operando.
La idea es protegernos vía la reparación civil, pero también asegurar que la
actividad económica de esos proyectos siga andando”, explicó el premier
Fernando Zavala.
Además, dijo que el decreto contempla la manera de pagarles a
los consorcios: “Una plata queda en el fondo y otra es liberada para el flujo
corriente de la actividad económica”.
Fuente:
Perú21
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