Empresas brasileñas demandan a Gobierno Regional de Cusco por más de dos mil millones de soles

Las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, quieren cobrarle al Gobierno Regional de Cusco, dos mil millones de soles por indemnización, daños y perjuicios. Las firmas cuestionadas por pagar sobornos para ganar concesiones, han apelado a la fórmula de los arbitrajes.

Hasta el momento hay 12 arbitrajes iniciados en contra del Gobierno Regional. Odebrecht integró el consorcio Vías del Cusco que asfaltó la avenida Evitamiento y OAS, fue parte del consorcio Salud Lorena, fue beneficiada con la concesión para equipar y construir el nuevo hospital Antonio Lorena

CASO ODEBRECHT

En abril del 2014, planteó una demanda arbitral contra el GRC para que incremente en 63 millones 056 mil soles el presupuesto de la avenida Evitamiento por supuestos "vicios ocultos (trabajos adicionales que no se consideraron en el expediente)". 

Su argumento fue que el expediente de la obra vial fue mal elaborado por el proyecto especial Plan Copesco y era necesario realizar obras complementarias.  Rosy Gamarra, la nueva procuradora regional, señaló que hará todos los esfuerzos posibles para evitar que la Región pierda los procesos. “Estamos revisando todos los procesos arbitrales para defender adecuadamente los intereses del Gobierno Regional”, dijo. 

CASO OAS

Estuvo a cargo de la ejecución del Lorena. Esa empresa quiere que el GRC le pague 2 mil millones de soles por el perjuicio que le habría generado con la anulación del contrato y la negativa a sus pedidos de ampliación de plazos de ejecución.

OAS ha planteado 11 demandas, seis para ampliaciones de plazos y cinco por la resolución del contrato que ejecutó la Región en marzo de 2015. El GRC tomó esta decisión debido al incumplimiento de plazos. La empresa debía terminar en octubre de 2014 la construcción del hospital y no pudo hacerlo. Además pidió una ampliación hasta marzo de 2015, que fue aceptada por la gestión  René Concha, ex presidente regional, y que no cumplió. Por ese motivo, el nuevo gobernante Edwin Licona se vio obligado a resolver el contrato el 6 de marzo. La empresa, en respuesta, inició cinco procesos de arbitraje alegando perjuicios en su contra.

Fuente: El Comercio.